Violación del Decreto 402-05, de la Ley 277-12 y, sobre todo, de la Constitución de la República Dominicana.
En el año 2005, se promulgó el Decreto 402-05 que establece una exención a los bienes importados al país bajo la denominada categoría B, que incluye los productos de valor inferior a US$200.00 importados mediante despacho expreso de envío (courier). Al suscribirse el DR-CAFTA, se incluyeron obligaciones de mantener el nivel de apertura para los servicios de envío urgente a esa fecha, así como de no adoptar restricciones que no se encontraran vigentes en dicho momento.
En noviembre de 2012, como resultado de las presiones ejercidas por la Organización de Empresas Comerciales (ONEC) y otras asociaciones empresariales, se introduce y aprueba el artículo 49 de la Ley 253-12 el cual establecía:
“Artículo 49: A partir de la entrada en vigor de la presente ley, toda mercancía incluida en el artículo 4, “Categoría B, sobre Envíos de Bajo Valor, libres del pago de derechos e impuestos”, del Decreto No. 402-05, del 26 de julio de 2005, importada mediante Despacho Expreso de Envíos (Couriers), pagará los impuestos correspondientes.”
Las protestas generadas y la preocupación expresada por los Estados Unidos con relación a este tema llevaron a que el Presidente Danilo Medina calificara la exención eliminada como “un derecho adquirido de los consumidores dominicanos”, por lo que pidió la derogación de ese artículo mediante un proyecto de ley que sesometió al Congreso Nacional. De ahí surge la Ley No. 277-12, con un único artículo.
“Artículo Único – Se deroga el Artículo 49 de la Ley No. 253-12, de fecha 9 de Noviembre de 2012, para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, que establece que toda mercancía incluida en el Artículo 4, “Categoría B, sobre Envíos de Bajo Valor, libres del párrafo de derechos de impuestos”, del Decreto No. 402-05, del 26 de Julio de 2005, importada mediante Despacho Expreso de Envíos (Couriers), pagará los impuestos correspondientes”
ASODEC reitera que con un aviso, la Dirección General de Aduanas no solo violenta el marco jurídico y fiscal vigente en materia de mercancías menores de US$200.00 que ingresen por vía de despacho expreso, sino también todo el sistema constitucional. La permanencia de ese aviso constituiría un golpe profundo a la seguridad jurídica, al Estado de Derecho y a la institucionalidad de la República Dominicana.
Fuente: ASODEC (Asociación Dominicana de Empresas Courier)
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